La Administración Pública tiene la obligación de actuar con diligencia y eficiencia. Cuando su funcionamiento es anormal y causa daños a los ciudadanos, surge la responsabilidad patrimonial.

¿Qué entendemos por funcionamiento anormal?
Puede abarcar desde el mal funcionamiento de los servicios públicos, la falta de diligencia en la tramitación de expedientes, errores en la ejecución de obras públicas, hasta la inactividad injustificada de la Administración. En DAREZ ABOGADOS te ayudamos a:

1. Determinar si existe responsabilidad patrimonial de la Administración. Analizaremos tu caso concreto para determinar si se cumplen los requisitos para reclamar una indemnización por daños y perjuicios.
2. Cuantificar los daños sufridos. Te ayudaremos a recopilar la documentación necesaria para acreditar los daños y perjuicios que has sufrido como consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración.
3. Iniciar el procedimiento de reclamación. Presentaremos la reclamación administrativa y, en caso de ser necesario, la demanda contencioso-administrativa ante los tribunales.

El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas es un derecho fundamental. Cuando la Administración de Justicia no cumple con este derecho, causando perjuicios a los ciudadanos, surge su responsabilidad patrimonial.

¿Cuándo se considera que existe una dilación indebida?
No existe un plazo concreto que determine la dilación indebida. Se valorará la complejidad del asunto, la actuación de las partes y la actividad procesal del juzgado o tribunal. En DAREZ ABOGADOS te ayudaremos a:

1. Analizar si la duración del procedimiento judicial ha sido excesiva.
2. Reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia. Te guiaremos en el proceso para obtener una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la dilación indebida.

En DAREZ ABOGADOS, le ofrecemos un asesoramiento y representación legal especializada en los concursos públicos de méritos. ¿Cuándo podemos impugnar en un concurso público de méritos?
Existen diversas situaciones en las que puede considerar la impugnación de un concurso público de méritos:

1. Valoración incorrecta de méritos: si considera que sus méritos no han sido valorados correctamente o que se han aplicado criterios de evaluación injustos.
2. Incumplimiento de las bases del concurso: si el proceso selectivo no se ha ajustado a las bases establecidas en la convocatoria.
3. Adjudicación irregular: si la plaza o el contrato se ha adjudicado a un candidato que no cumple los requisitos o que ha sido favorecido de forma irregular.
4. Discriminación: si ha sufrido discriminación por motivos de raza, sexo, religión u otras condiciones personales.